El Senado aprobó pedir al Presidente Sebastián Piñera que tome las medidas necesarias para declarar desierta la polémica licitación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL), informó la Cámara Alta este martes.
A través de un proyecto de acuerdo, texto no vinculante por medio del cual los legisladores fijan su posición sobre diversos temas, los senadores visaron con 24 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones una moción levantada por todas las bancadas de la oposición.
Los parlamentarios buscan demostrar supuestas irregularidades en esta licitación, que la Corfo adjudicó a la Associated Universities Inc (AUI), un consorcio de universidades estadounidenses -que incluye a Harvard, el MIT, Columbia, Princeton y Yale, entre otras- y dos casas de estudio privadas chilenas: Del Desarrollo y San Sebastián.
Asimismo, la Sala solicitó que se instruya una completa investigación administrativa destinada a determinar la existencia de posibles irregularidades y eventuales responsables.
La AUI se impuso sobre la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (Asdit), que agrupa a 11 universidades chilenas, entre ellas la Universidad de Chile y la Universidad Católica, junto a empresas y centros tecnológicos internacionales en ámbitos de energía y minería.
Asdit, consorcio que obtuvo 0,03 puntos menos que AUI en el proceso de licitación, apunta a que se detectaron errores en los antecedentes con los cuales se desarrollaron las evaluaciones y puntajes finales.
Entre los cuestionamientos están que se evalúa con la misma calificación a ambos consorcios, pero Asdit cuenta con una participación mayor de planteles chilenos, un número significativo de empresas mineras y de energía e institutos de investigación internacionales, mientras que AUI cuenta con la participación de tres planteles privados del país y un número menor de instituciones relacionadas al área.
«UN VICIO DE ORIGEN» QUE DERIVÓ EN «UNA SERIE DE ACTOS IRREGULARES»
Según señala el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado, «el procedimiento de licitación trata del destino de un porcentaje de dineros públicos, porque, en definitiva, provienen de una parte de la renta generada en el contrato arrendamiento celebrado entre Corfo y SQM para la explotación, por esta última, de las Pertenencias que Corfo posee en el Salar de Atacama. Luego, la parte del total de aquellos ingresos públicos que, según la cláusula décimo quinta del mismo contrato, deben destinarse a la Innovación + el Desarrollo (I+D), tiene el carácter de dineros públicos como lo es el total de la renta o canon convenido entre las partes».
En opinión de los autores del proyecto, «el llamado a licitación tiene un vicio de origen: Corfo lo trató como una especie de «licitación privada» y, a lo menos, sometida a dicho trámite de toma de razón, dado los montos de dineros públicos involucrados».
Agregan que al ser tratada como un asunto privado, «se derivó en una serie de actos irregulares de los que la Contraloría General de la República jamás tuvo noticia como, asimismo, tampoco la tuvieron los consorcios participantes en la licitación, al menos, el de las más importantes Universidades Chilenas, según lo han expresado públicamente».
Asimismo, señalan que «las bases del proceso licitatorio no fueron enviadas a toma de Razón de la Contraloría, pero sí el contrato entre Corfo y SQM, que da origen a parte de los recursos destinados al proyecto y su posterior modificación».
En uno de los considerandos del proyecto de acuerdo se indica que «el solo hecho de cambiar el objeto de la cláusula décima quinta, que es el sustento esencial del llamado a licitación, daría pie para dejar sin efecto la licitación o declararla desierta, ya que las ofertas no tienen sentido cuando se formularon con un objeto distinto a su origen que es, precisamente, el señalado en dicha cláusula».
Asimismo, señalan que «existe un conjunto de otros elementos que podrían constituir importantes vicios de legalidad al proceso como la extensión del plazo para recibir ofertas; las modificaciones de las Bases de Licitación sin la debida motivación ni toma de razón por parte de la Contraloría».
La Asdit está integrada por las universidades Adolfo Ibáñez, de Antofagasta, Católica, Católica de Valparaíso, Católica del Norte, de Chile, de Concepción, de Santiago, de Talca, de Tarapacá y Técnica Federico Santa María.
Fuente: Cooperativa
