Después de más de 1.300 días de aplicación, la alerta sanitaria por el Covid en Chile llega a su término este jueves, representando un hito significativo en la batalla contra la pandemia. Desde su inicio en los primeros días de febrero de 2020, esta medida crucial ha estado en vigor, pero el Ministerio de Salud ha declarado que no habrá una extensión. Este cambio acarrea una serie de transformaciones notables que afectarán diversos ámbitos de la sociedad y la salud pública en el país.
Uno de los cambios más destacados será la eliminación de la obligatoriedad de usar mascarillas en centros asistenciales y escuelas a partir del viernes. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, ha ratificado esta decisión, señalando que, aunque ya no será un requisito el uso de mascarillas en estos lugares, se continuará recomendando su empleo en las consultas de urgencia.
Esta transición hacia el cierre de la alerta sanitaria también tendrá ramificaciones en otras esferas, como el teletrabajo, que podría experimentar ajustes en sus dinámicas. Sin embargo, junto con estos cambios, surge una legítima inquietud por el futuro de los miles de profesionales de la salud que fueron contratados durante la emergencia para reforzar la red asistencial. El fin de la alerta plantea preguntas sobre la continuidad de sus roles y la estabilidad de sus puestos de trabajo.
La alerta sanitaria se instauró el 5 de febrero de 2020 durante la Administración de Sebastián Piñera y fue extendida por última vez en marzo de este año bajo el Gobierno de Gabriel Boric, abarcando más de tres años de desafíos y esfuerzos para contener la propagación del virus.
El cese de esta alerta marca un nuevo capítulo en la respuesta del país ante la pandemia, centrando la atención en la adaptación a esta nueva etapa y en la gestión de los cambios que acompañarán a la normalización de diversas actividades y aspectos de la vida cotidiana.
La implementación de esta medida también tenía como propósito agilizar la adquisición de insumos, simplificar la administración de la red asistencial y conferir poderes excepcionales a diversas instituciones de salud pública para la contratación de personal.
En relación con esta última consideración, ha surgido una inquietud significativa. Durante la última jornada, la Comisión de Salud del Senado convocó a la ministra Ximena Aguilera para «abordar el problema que surge al concluir la alerta sanitaria y la finalización de una variedad de contratos en el sistema de salud».
Adicionalmente, la ausencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, causó malestar en dicha instancia.
No obstante, el senador oficialista Juan Luis Castro (PS), quien preside la comisión, advirtió que «no toleraremos la desvinculación de la mitad de los contratados en los servicios de salud y un tercio de los empleados en las seremis».
Se estima que el número de funcionarios contratados bajo la alerta sanitaria asciende a 6.800, lo que subraya la magnitud del asunto en cuestión.
