Por La Terecera
El 6 de diciembre del año pasado, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República el Decreto 296, que contiene el reglamento de la nueva Ley de Migraciones (21.325), que había sido promulgada previamente, el 20 de abril en el Diario Oficial.
La iniciativa -impulsada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera– tardó varios años en ser aprobada, considerando la resistencia por parte de la oposición, desde donde sectores la calificaron de “discriminatoria” para los migrantes. El proyecto, de hecho, fue tramitado en medio de la crisis migratoria que afronta el país.
Si bien una vez promulgada la normativa el gobierno tenía un plazo de hasta un año para ingresar el reglamento, en su oportunidad resolvieron hacerlo antes, con el fin de dejarlo listo durante la actual administración -que concluye su mandato el 11 de marzo- y, de esta manera, comenzar de lleno con la aplicación de la nueva ley.
Esta semana, sin embargo, el gobierno resolvió retirar de Contraloría reglamento de ley.
Según conocedores de la resolución, el organismo contralor hizo observaciones al Ejecutivo que podrían haber terminado en declarar ilegal el documento. Por lo mismo, La Moneda resolvió sacarlo para hacer correcciones, y luego poder reingresarlo.
El escenario genera un traspié para el gobierno, considerando que la revisión podría ahora demorar más tiempo del esperado y diluir el plan inicial para su aplicación.
Por parte de Contraloría, el ente había excedido el plazo de revisión y no se había pronunciado aún. Esto, debido a que fue recibiendo observaciones al reglamento por parte de distintos organismos, entre ellos algunos que cuestionan la constitucionalidad de la ley.
En detalle, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, recibió tres documentos con observaciones al reglamento. El primero de ellos reúne al Servicio Jesuita a Migrantes, la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado.
Ellos solicitaban declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos n°12 del reglamento -relativo al control de las personas extranjeras que ingresen o egresen del territorio nacional- el artículo 50 inciso 2 -que indica que el Ejecutivo pretende limitar de manera más extensa, que el legislador, el ejercicio de un derecho consagrado en el artículo 19 de la Ley N° 21.325 causando desprotección a la familia-. También apuntan al artículo n°73 inciso 3, artículo n°114 inciso 2, artículo n°143 inciso 2 y 3, y al artículo n°179 inciso 2.
El segundo documento es firmado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En el texto realizan consideraciones con respecto a “la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana”, las cuales buscan “promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales para todos”, esencialmente apuntando a las personas en contexto de movilidad humana, migrantes, refugiadas, apátridas, niños, niñas y adolescentes, específicamente de los artículos n°12, n°14, al artículo n°17 inciso 1, n°28, al artículo n°50 inciso 2, n°114, n°143 inciso 2 y 4, y al artículo n°181.
El tercer documento es de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, donde subrayan consideraciones de legalidad sobre el artículo n°141 inciso 2, apuntando a una eventual ilegalidad en la privación de las garantías procesales, y el artículo n°143 inciso 3 por eventual ilegalidad en la privación de la libertad personal.
Crisis migratoria en el norte del país
El retiro de este reglamento se dan en medio de la crisis migratoria y el aumento de la delincuencia que se vive en la zona norte del país, lo que ha provocado una serie de movilizaciones, marchas y barricadas como una señal de protesta entre la población del sector.
De hecho, el lunes de esta semana Iquique amaneció totalmente paralizada, e incluso el aeropuerto de la ciudad tuvo que suspender sus operaciones “debido a la imposibilidad que presentan tanto las aerolíneas como el personal del terminal, que hace posible su funcionamiento, para llegar a su lugar de trabajo”, como detallaron en una declaración pública. Además, varios servicios y comercios tuvieron que cerrar producto de las movilizaciones, incluyendo la Zona Franca de Iquique (Zofri).
En todo caso, resulta clave considerar que si bien en la nortina ciudad ya se venían realizando protestas antes de la jornada de este lunes, lo que gatilló esta serie de manifestaciones fue la agresión -por parte de cuatro ciudadanos venezolanos- a dos carabineros que les realizaron un control policial por drogas. Uno de ellos fue atacado con una manopla en el rostro, lo que ocasionó una fractura.
El escenario de Iquique paralizado y con diversas movilizaciones tensionó a las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y de la administración entrante de Gabriel Boric.