El robo de cables eléctricos sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a las instalaciones y clientes de CGE, la compañía distribuidora de energía que presta servicio a más de 3,2 millones de personas en las regiones de Arica y Parinacota a La Araucanía. Según datos de la distribuidora, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 744 eventos de robo de cable, lo que equivale a 225 kilómetros de conductor eléctrico sustraído, causando daños a la infraestructura crítica de transmisión y distribución.
Aunque el número de incidentes en comparación con el año anterior ha disminuido, la cantidad de cable robado aumentó en un 14%. Los daños generados por estos robos incluyen la destrucción de postes, transformadores y otros equipos clave para el suministro eléctrico, lo que provoca cortes prolongados de energía y afecta la calidad del servicio. Durante el último año, más de 270.000 clientes de CGE se vieron afectados por interrupciones en el suministro eléctrico debido a estos robos.
Uno de los casos más graves se registró en la localidad de Coya, en la comuna de Machalí, donde una banda organizada no solo robó cables, sino que también desmanteló un generador, dejando a cerca de mil hogares sin respaldo en caso de interrupciones. Este incidente causó pérdidas que superan los 500 millones de pesos. Además, la provincia de Arauco, en la región del Biobío, también ha sido un foco de estos delitos, con varios episodios que han afectado la continuidad del suministro eléctrico.
Matías Hepp, director de operaciones de CGE, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en estos robos, señalando que las bandas delictuales están mejor equipadas y utilizan vehículos para realizar los saqueos, lo que hace más difícil su persecución. «Es necesario que las autoridades refuercen las medidas para combatir este delito que impacta directamente en miles de familias», indicó Hepp.
El robo de cables no solo afecta a los clientes residenciales, sino que también interrumpe la actividad de empresas, colegios, y servicios públicos, lo que afecta gravemente la calidad de vida de las comunidades. CGE ha solicitado a las autoridades un mayor compromiso en la lucha contra este tipo de delitos y continúa colaborando con las mesas de trabajo regionales para buscar soluciones. En 2024, la reposición de la infraestructura dañada por estos robos costó más de 3.300 millones de pesos.
