Este pasado martes, el ministro Giorgio Jackson compareció ante un grupo de senadores y diputados en la primera reunión de la Subcomisión Mixta de Presupuestos. El propósito principal de esta reunión fue examinar la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Social para el año 2023.
Luego de esta subcomisión, según señala La Tercera, el ministro abordó las discrepancias surgidas con algunos senadores, en particular con el parlamentario del Partido Socialista (PS), Alfonso de Urresti. En su declaración, el ministro reconoció la identificación de dos casos irregulares en relación a transferencias de recursos a otras instituciones, específicamente en las regiones de Atacama y Antofagasta.
Jackson señaló: «Hasta el momento, hemos detectado dos irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social. Una de ellas se refiere a un incidente en Atacama, basado en una denuncia presentada por la senadora Yasna Provoste. En respuesta a esto, hemos enviado un equipo para investigar un convenio con una fundación que se ocupa de cuestiones relacionadas con personas en situación de calle.»
Respecto a la otra situación irregular en la región de Antofagasta, Jackson explicó que también se está llevando a cabo una investigación administrativa, y aseguró que una vez que se disponga de los resultados, estos serán puestos a disposición del público. Además, enfatizó que toda la información solicitada para los años 2022 y 2023 ya está disponible de manera pública a través de la respuesta proporcionada a la Cámara de Diputados.
En ambos casos, según el ministro, se han iniciado procedimientos de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas, ya que la evaluación previa a la asignación de estos recursos no coincidió con los términos acordados.
Al salir de la subcomisión, el ministro se refirió a la posibilidad de ser citado a declarar ante la Fiscalía en relación con las investigaciones en curso que lleva adelante el Ministerio Público en diversas regiones del país. Dichas investigaciones se centran en posibles delitos de corrupción vinculados a acuerdos con 37 fundaciones.
En respuesta a este tema, Jackson manifestó: «Tal como lo ha expresado el fiscal nacional, ningún ciudadano en Chile está exento de colaborar en una investigación penal si posee conocimiento relevante sobre los hechos en cuestión. Es una responsabilidad que recae en todos los chilenos.» Además, añadió: «Me complace ver que estas investigaciones están avanzando y que así podemos identificar a los responsables y asegurarnos de que se haga justicia.»