La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra minera Ojos del Salado -filiar de la gigante canadiense Lundin Mining- por el socavón de más de 60 metros de profundidad que apareció en Tierra Amarilla -Región de Atacama- el pasado 30 de julio.
Cargos que dicen relación con sobre extracción de mineral y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas ambientalmente en la faena Alcaparrosa, ubicada a 900 metros al noroeste de la zona urbana de Tierra Amarilla.
«Este proceso sancionatorio se inicia luego de analizar toda la información recabada en terreno por el equipo de la Oficina Regional de Atacama de la SMA, información entregada por Sernageomin y la DGA, junto a los reportes entregados por la minera en el marco de Medidas Provisionales dictadas pocos días después de la aparición del socavón», señaló el superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra.
En cuanto a las cuatro infracciones levantadas, una fue clasificada como grave, específicamente la sobre extracción de mineral en mina Alcaparrosa, lo cual se constata en el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019.
La segunda fue clasificada como gravísima, y apunta a la modificación de la infraestructura minera ambientalmente evaluada generando afectación en el acuífero del Río Copiapó y provocando «un daño ambiental irreparable en el acuífero». «La instructora del caso y la investigación de la oficina regional permitió vincular el socavón con la sobre extracción de mineral.
Además, cuando ocurrió el evento comenzó a filtrarse dentro de la mina grandes cantidades de agua desde lugares donde la empresa intervino más allá de lo considerado en la evaluación ambiental», añadió Ibarra. Además, se formularon dos cargos leves que se sustentan en el incumplimiento de las condiciones establecidas para el transporte de mineral.
Las infracciones leves pueden ser objeto de multas de hasta 1.000 UTA; las graves de hasta 5.000 UTA; y las gravísimas de hasta 10.000 UTA. Con todo, en total la empresa arriesgaría una multa de hasta 17.000 UTA, es decir, alrededor de US$13 millones.
«Con esta formulación se abre un procedimiento donde deberá ponderarse la visión de la comunidad, la de la Municipalidad que es parte interesada en el caso las defensas que presente la empresa, para luego de ello tomar la decisión y determinar las sanciones que corresponden aplicar», explicó Ibarra.
Fuente: Emol.com
