En un extenso documento de cuatro páginas, el abogado Javier Mandelaris, actuando en representación de los vecinos del condominio Desierto Florido, presentó en la jornada de ayer una solicitud de carácter apremiante. En dicha solicitud se insta a la suspensión temporal del alcalde, abogando por un período de cuatro meses.
La raíz de esta solicitud emerge como una secuela directa del incumplimiento flagrante de las resoluciones emitidas por la ilustre Corte de Apelaciones en lo concerniente a la implementación de medidas de seguridad en el antiguo vertedero La Chimba. Además, esta falta de cumplimiento también afecta la ejecución de la construcción de un cierre perimetral y la activación de un sistema de vigilancia integral en la misma ubicación.
Los habitantes del conjunto residencial, quienes previamente ya habían interpuesto un recurso de protección en contra del municipio a finales del año 2022, en virtud de las incendiarias ilegales que asolaron la zona, esgrimen con solidez que la respetable Corte de Apelaciones había prescrito con claridad meridiana la edificación y puesta en marcha de medidas de seguridad exhaustivas en la mencionada área.
El escrito presentado por el señor Mandelaris recalca que una vez que se agotó el plazo establecido, siendo este el 7 de junio del presente año, el aludido, en este caso el alcalde, ostentaba una carga jurídica ineludible de haber culminado con éxito la construcción del muro de contención y la activación del sistema de seguridad, tal y como dispone el marco legal preceptivo.
No obstante, pese a las enérgicas solicitudes de medidas apremiantes presentadas ante la Corte, esta instancia judicial resolvió extender el plazo por el doble, otorgando un período adicional de 60 días, lo cual, en conjunto, brindó más de 90 días adicionales para la concreción de la disposición dictaminada por la justicia.
La argumentación presentada en el alegato de Mandelaris plantea con fundamento que, ante esta coyuntura, resulta imperante aplicar la sanción de mayor envergadura disponible, la cual involucra la suspensión del alcalde y/u otros funcionarios involucrados por un lapso de cuatro meses, con una concomitante reducción de la percepción salarial a la mitad.
En suma, esta solicitud suscita un debate crucial acerca de la responsabilidad y el acatamiento de los dictámenes judiciales por parte de las autoridades, en aras de garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad afectada por las problemáticas relacionadas con el vertedero y sus consecuencias. La decisión que emane de esta solicitud podría reverberar en los cimientos de la administración local y sentar un precedente relevante en la protección de los derechos y el cumplimiento de las leyes establecidas.
