Según datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI) al Observatorio de la Migración Responsable, desde enero hasta agosto de este año, aproximadamente 34,543 personas ingresaron de manera irregular a Chile. Esto significa que entraron al país sin la documentación requerida. Además, se proyecta que la cifra supere los 50,000 para finales de año, una cantidad similar a la reportada en los dos últimos años.
El estudio del Observatorio indica que en 2021, cuando entró en vigor la nueva Ley de Migraciones, la cifra de ingresos irregulares se triplicó, pasando de poco más de 16,000 en 2020 a 56,856 en 2021. En 2022, se registraron 53,875 ingresos irregulares.
La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 hasta 2021, la cifra aumentó de manera significativa. La Ley de Migraciones promulgada en abril de 2018 bajo la segunda administración del presidente Sebastián Piñera exige obtener visas en los consulados chilenos en los países de origen para evitar que los extranjeros ingresen como turistas y luego cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.
En cuanto a las deportaciones, la PDI informó al Observatorio que en 2023 se realizaron 187 deportaciones debido al ingreso clandestino o a la existencia de antecedentes penales en el país de origen. En 2022 se reportaron 31 expulsiones de extranjeros sin documentos, mientras que en 2021 hubo 246 y en 2020, 202.
Estos datos se basan en la detección del ingreso irregular de migrantes, fiscalizaciones o informes cuando los propios extranjeros intentan regularizar su situación o acceder a servicios sociales.
Chile ha experimentado una crisis migratoria desde 2021, principalmente en las regiones del norte, donde localidades fronterizas como Colchane han enfrentado desafíos significativos debido al ingreso irregular de personas, y lamentablemente, ha habido pérdidas de vidas humanas en intentos de ingreso por rutas clandestinas.
La mayoría de los extranjeros en Chile provienen de países como Venezuela, Perú, Haití y Colombia. A fines de febrero, Chile implementó un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia durante 90 días con el objetivo de fortalecer el control sobre el ingreso irregular de migrantes que afecta a la zona.
