A través de un procedimiento abreviado, luego de una acusación presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta, el Tribunal de Garantía pronunció la sentencia que condena a F.P.C.J. a 541 días de presidio menor en su grado medio como autor de uso malicioso de instrumento público; también a 540 días de presidio menor en su grado mínimo y el pago de una multa de 11 UTM por estafa al Estado.
Otra pena que deberá cumplir corresponde a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM por fingimiento de profesión, todos en grado consumado. Hechos que ocurrieron entre el 2007 y 2016.
La investigación del caso fue dirigida por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, con colaboración de detectives de la Bridec (Brigada Investigadora de Delitos Económicos) y Lacrim (Laboratorio de Criminalística) de la PDI de Antofagasta.
Este sujeto también fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta para postular a cargos y oficios públicos, junto con la prohibición absoluta de aproximarse al Liceo Mario Bahamondes, mientras trascurra la condena.
El caso
Según los antecedentes, durante los años 2007 y 2016, el acusado fue contratado como docente en el Liceo A-15 Mario Bahamondes, con un contrato de trabajo proveniente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta.
Sin embargo, el acusado fingió dolosamente ser docente, ejerciendo las funciones propias de ese cargo. Además, para acreditar y aparentar la calidad de docente, el acusado presentó un certificado de título en trámite supuestamente otorgado por la Universidad de Playa Ancha, con fecha 15 de diciembre de 2014, que resultó ser falso.
A comienzos del 2016, el acusado con la finalidad de optar al cargo de inspector general del establecimiento -presentó a la CMDS un certificado de título falso- supuestamente emitido por la Universidad de Playa Ancha con fecha 26 de junio de 2015. Este documento fraudulento lo certificaba como profesor de educación técnico profesional con el grado académico de licenciado en educación, en razón del cual fue contratado ejerciendo hasta el 2019.
Pero de acuerdo a lo informado por la oficina de títulos y grados de la universidad involucrada, determinaron que el imputado nunca fue alumno de tal casa de estudios.
Durante ese tiempo, el acusado recibió desde abril de 2016 hasta abril de 2019 un monto total de $4.498.961 como pago y por concepto de bonificación de reconocimiento profesional, un total de $5.960.427. Resultando entre ambos beneficios, $10.459.388 que corresponde al perjuicio fiscal ocasionado.
Cabe destacar que este individuo es hermano de Edwin Calle, quien en ese entonces era jefe de gabinete de la Corporación Municipal durante la administración de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.
