“Esta entidad de fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, previo análisis del proceso, ha decidido representarlo a través del oficio E -16927…”. De esta forma, la Contraloría General de la República, echó por tierra la expansión de la electromovilidad desde la capital hacia el resto del país, al “representar” u objetar la adjudicación del nuevo recorrido de buses eléctricos que el Ministerio de Transportes pretendía instalar en la ciudad de Antofagasta.
El servicio, que sería el primero con buses eléctricos fuera de Santiago, se licitó entre junio y octubre pasados e implicaba añadir hasta 50 aparatos con cero emisiones en un recorrido completamente nuevo, el que se añadiría a los 14 servicios que ya operan en Antofagasta y que acusaron condiciones ventajosas para el nuevo operador en el concurso público.
En la práctica, el oficio 169272 de la Contraloría rechaza la resolución 44 de 2021 que había emitido la ministra de Transportes Gloria Hutt, desechando la toma de razón por estimar que en la adjudicación -a la empresa Río Bósforo Spa- tenía visos de ilegalidad por afectar el interés público por presentar fragilidades en la continuidad del servicio en el tiempo.
Entre los argumentos expresados por la Contraloría para abstenerse de dar curso a la adjudicación, destaca que el ministerio (de Transportes) como todo órgano del Estado debe perseguir el interés público y no solo quedarse en lo formal. Así, estimó que la oferta de Río Bósforo – si bien tuvo el mejor puntaje- no aseguraba el hecho de operar un servicio público con la seguridad de no requerir aportes posteriores.
Consultados al respecto, la Subsecretaría de Transportes indicó que se acogió el pronunciamiento de la Contraloría y que “a la luz del planteamiento del órgano contralor, y tras reevaluar los antecedentes, ingresamos a la Contraloría una nueva adjudicación la que se encuentra a la espera de su toma de razón”, sin explicitar si se trata de la misma empresa o se hará otra licitación completa.
No obstante, transportistas locales indicaron que los planes de la cartera de Transportes ya no se concretarán puesto que conseguir la venia de Contraloría podría tomar más de 90 días, plazo en que ya estará instalada en La Moneda otra visión respecto de la electromovilidad a nivel nacional.
“Nosotros, que estamos muy a favor de la electromovilidad, nos opusimos a este proceso y solicitamos formalmente al señor Contralor que no diera curso a esta licitación pues consideramos que se hizo a la rápida, se pusieron condiciones que excluían a los operadores locales a priori y además afectaba el interés público al generar un negocio escandalosamente ventajoso para la empresa que se lo había adjudicado”, comentó el dirigente Fernando Castillo, presidente de E-Trant A.G. entidad que presentó oposición jurídica a la adjudicación del Gobierno.
Por su parte, Héctor Carvallo, representante de los dueños de taxibuses de la ciudad, comentó que “ahora esperamos que el nuevo Gobierno realice un proceso justo, considerando la opinión de las comunidades locales y las pymes del sector, que celebramos la independencia con que actuó la Contraloría en defensa de un proceso justo y equilibrado”.
Pero las dificultades del Ministerio de Transportes se extienden también a nivel país, puesto que la firma Río Bósforo SPA está a punto de perder la titularidad de un servicio rural en Iquique y que hasta ahora configura el único negocio activo que le permite acreditar experiencia en el transporte. Con ello, quedaría también fuera de norma en la licitación de buses eléctricos de la ciudad de Valparaíso, donde también lideraba el listado de oferentes, dejando al Ministerio de Transportes sin procesos de electromovilidad activos fuera de la capital.
