La Fiscalía de Antofagasta logró la prisión preventiva de cuatro personas involucradas en una red ilegal de venta y reparación de armas de fuego. Los operativos fueron llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en las ciudades de Antofagasta y Chimbarongo, desmantelando una organización criminal que operaba clandestinamente.
El principal imputado es un hombre de 79 años, quien previamente había tenido una armería legal en la ciudad. Según la investigación, habría continuado con la venta ilegal de armamento y municiones tras el cierre de su negocio. En su vivienda, la policía incautó un extenso arsenal, que incluía armas convencionales, modificadas y de fabricación artesanal, además de municiones de diversos calibres, chalecos antibalas y explosivos.
Junto al hombre, fueron detenidos tres individuos más: dos hombres y una mujer. Estos acusados desempeñaban diversos roles en la red. Según la Fiscalía, el hijo del principal imputado actuaba como intermediario en la venta de las armas, mientras que otro detenido participaba directamente en la comercialización. La mujer, pareja de uno de los acusados, se encargaba del transporte de los productos y de la recepción de pagos a través de transferencias bancarias.
La investigación comenzó tras la detección de conversaciones en WhatsApp en las que un detenido negociaba la reparación de armas y la compra de municiones con uno de los involucrados. A partir de esta información, la Fiscalía ordenó a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI seguir los movimientos de la organización para reunir pruebas sobre su modus operandi.
Los cargos imputados al «armero» incluyen tenencia ilegal de armas prohibidas, fabricación y almacenamiento de armamento, y venta no autorizada de objetos controlados. Los otros tres imputados enfrentan acusaciones de participación en una agrupación delictual, comercio ilegal de armas y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta dictó la prisión preventiva para los cuatro acusados, al considerar que representan un peligro para la seguridad pública. La investigación se prolongará por 120 días. Debido a su estado de salud, el principal imputado cumplirá la medida cautelar en la enfermería de la Cárcel de Antofagasta.
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que la incautación de este arsenal evitó que armas y explosivos llegaran a manos de bandas criminales. Además, aseguró que las investigaciones continuarán para identificar el origen de los elementos decomisados y posibles vínculos con otras redes delictuales dentro y fuera de la región.
