La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que atiende diariamente a más de un millón 800 mil estudiantes, desde salas cuna hasta cuarto medio, en 12 mil 300 establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados de todo Chile, ha cerrado los contratos de una de las licitaciones más importantes que realiza el Estado para el Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos (PAE–PAP). La Contraloría General de la República tomó razón de los resultados el viernes 28 de enero, con lo que a partir de marzo comenzaría la distribución de alimentos para los establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Los Lagos, Los Ríos y un tercio de la Región Metropolitana.
La licitación adjudicó más de un millón de raciones a un costo de 242 mil millones de pesos, con los que 667 mil estudiantes, es decir, un 35% de los beneficiarios de todo el país, deberían obtener este beneficio entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.
Sin embargo, el procedimiento concursal que realiza la institución nunca ha estado exento de cuestionamientos. Este año la controversia se basa en que el 90% de la licitación ha sido adjudicada a la firma uruguaya Delibest, que funciona en Chile a través de UTP Casinos Nutrisalud, Alimentaciones Internacionales S.A., Fedir Chile S.A. y Saludable SPA.
El consorcio de capitales uruguayos postuló mediante la cuestionada fórmula “Multirut”, la cual permite que las grandes empresas, con varios RUT a su haber, puedan postular a la misma licitación mostrando distintos nombres y concentrando grandes porcentajes de la licitación.
Por otra parte, estas empresas han sido denunciadas por prácticas antisindicales y la entrega de alimentos en mala calidad en licitaciones anteriores y, en esta, por el incumplimiento de las bases, lo cual hizo que la Asociación Gremial Nutrechile enviara una carta al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para dar cuenta de esta inconsistencia. El señalado documento manifiesta que “presentaron cada empresa un total de 10.000 combinaciones de ofertas que en su totalidad incluyen precios de productos alimenticios para JUNJI e INTEGRA sustancialmente inferiores a los precios referenciales establecidos para dicha institución”.
Frente a esto, el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, ha manifestado: “estamos año a año buscando la forma de ir limitando eso, nos parece que lo ideal es que cada empresa o grupo participe con una sola empresa y no con más de una. Nosotros hemos planteado que en la ley de compras pudiera revisarse la manera para restringir el acceso con distintos RUT a una misma licitación”.
El diputado DC y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, afirma que estos son temas recurrentes en la comisión, por lo que se han remitido los oficios pertinentes al ministro de Educación y al subsecretario. También dice que “existen cuestionamientos por irregularidades en los procesos licitatorios por parte de empresas que se quejan porque se les asignó contratos a otras que no cumplirían con los requisitos”.
Asimismo, añade que, además, existen reclamos con respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE), los cuales “han surgido debido a los cambios en los alimentos para los distintos programas que maneja la institución, lo que ha sido un impacto para las organizaciones por el incremento de valores de las raciones. El Sr. Tohá, frente a aquello, contesta que esto es lo mejor para los alumnos y que hubo empresas dispuestas a licitar en esas condiciones».
En este sentido, el presidente de la comisión de Educación indica que «puede que no haya voluntad para abordar el tema (de las irregularidades en las licitaciones de contratos) y la perspectiva del director nacional es que están absolutamente conformes con los procesos licitatorios”.
Según consigna un reportaje realizado por LaRed.cl, tanto padres como apoderados, así como la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (AFAEB), “critican que la licitación se la adjudicaran al conglomerado uruguayo”, el cual está “acusado de prácticas antisindicales y entregar alimentos en mala calidad. Se presentará un recurso de protección para dejar sin efecto la licitación y así se llame a una nueva propuesta pública”.
La investigación de este medio de comunicación agrega que José Ortiz, presidente de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, aseguró que “‘se ha permitido que participe el conglomerado de empresas del Consorcio Merkén Spa, condenado por prácticas antisindicales y ejecutoriado en noviembre de 2021’”. Agrega que lo hace con el fin de “sortear así la prohibición que tiene para contratar con el Estado’”.
Asimismo, el reportaje afirma que el actual constituyente y ex diputado PC, Hugo Gutiérrez, confirmó la incomprensión de la adjudicación de la licitación por la empresa Merkén y señaló que a lo largo de su carrera ha venido presentando diversas reclamaciones a Contraloría. La declaración del constituyente, dice relación con un próximo Recurso de Protección que sería ingresado en 7 regiones por el abogado Christian Berndt junto al staff justiciayreparación.org., “el objetivo es detener la licitación y que sea el próximo Gobierno el que llame a una nueva propuesta”.
En tanto, el diputado UDI, Sergio Bobadilla, se refirió al tema señalando que “esto se viene repitiendo licitación tras licitación. Lamentablemente la actual administración ha sido muy permisiva, porque un grupo económico ha logrado obtener sobre el 50% del total de la licitación a través del Multirut. Esto es inaceptable porque las bases son explícitas, ya que prohíben que las empresas lo hagan. Es por eso que, junto al diputado DC y presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas, oficiamos a la Contraloría para que intervenga y definitivamente se respeten estas condiciones”.
En este sentido, el diputado DC, Miguel Ángel Calisto, indicó al respecto: “Nuevamente somos testigos de una situación que pone en tela de juicio a la administración de la Junaeb. Hace unos años atrás denunciamos que una empresa había concentrado el 70% de una licitación. Hoy nuevamente vemos que la misma empresa ha concentrado un alto porcentaje. Esto pone en riesgo la seguridad de la entrega de alimentación en cada rincón del país”.
Precios versus calidad de la alimentación
La Junaeb señala que en este período 2022 – 2025, los alumnos “comenzarán a recibir leche líquida en reemplazo de la clásica fórmula láctea”, además de batido lácteo en base a leche o yogurt con cereales como quinoa, chía y avena; frutas y verduras; miel y huevo en diferentes preparaciones, así como productos del mar y legumbres. “Las minutas serán diferenciadas según la estación del año y variará por ubicación geográfica, incluyendo preparaciones con pertinencia regional”.
Sin embargo, la experiencia de los años dice lo contrario y las autoridades señalan que este procedimiento concursal a todas luces no cumplirá con los estándares requeridos en cuanto a la calidad y distribución de los alimentos. Según Calisto, este tipo de irregularidades “afectan directamente en la calidad de la alimentación porque la Junaeb durante todos estos años ha privilegiado el precio por sobre la calidad y por eso hemos recibido múltiples reclamos de los apoderados respecto a esto último. Pedimos que exista absoluta transparencia y esperamos que la Contraloría y todos los organismos competentes de la fiscalización determinen cómo funcionan estos procesos. Estas licitaciones de alta concentración lo único que hacen es empañar un programa que nos enorgullece en Chile y hacia el mundo”.
Con referencia a la distribución, la investigación de LaRed.cl señala que padres y apoderados a nivel nacional han manifestado “su preocupación por la falta de entrega de las cajas alimenticias en regiones, sucedida el año pasado y que afectó, sobre todo, a aquellos estudiantes y familias que viven en sectores rurales y también a los estudiantes en calidad de internos, donde muchos de ellos no recibieron su alimentación”.
En cuanto a privilegiar los precios, Ortiz indicó que la Junaeb no excluyó de la licitación a Casino Nutrisalud y Saludable Spa, habiendo violado las bases al ofrecer “precios depredadores bajo los precios mínimos de referencias”, según la investigación del medio señalado.
Con respecto a los presupuestos entregados por las empresas, Bobadilla aseveró que “las bases explicitan que ninguna ración puede ser inferior al 80% del precio referencial que fija la Junaeb y eso es lo que se ha visto en esta licitación. ¿Cómo es posible que ofrezcan un desayuno a un costo de 100 pesos por ración? Claramente ese valor es irreal y atenta gravemente contra la sana competencia, por eso también hemos hecho una presentación a la Fiscalía Nacional Económica, ya que se trata de una práctica totalmente viciada y es lamentable que la actual administración lo siga permitiendo sin ponerle atajo”.
El diputado UDI, Sergio Gahona, señaló que “preocupa que la variable precio y volumen concentrado esté perjudicando la calidad de las materias primas, logística, respeto de la cadena de frío y flexibilización en el control de las manipuladoras, entre otros temas”. Asimismo, enfatizó: “conocidos algunos antecedentes del actual proceso, urge que sean tomadas las medidas necesarias para que los procesos de licitación realmente consideren lo que indican sus bases y también lo que se ha avanzado en modernización y en experiencia de las más reconocidas empresas que han alimentado a miles de niños desde hace décadas y se han mantenido en el programa hasta ahora”.
Licitación 2021: querella por falsificación y uso malicioso de instrumento privado
Otro hecho de gran calibre ocurrió en la Licitación del PAE de 2021. El abogado Juan Ignacio Piña -ex presidente del CDE y en representación de la empresa Fedir SpA- presentó una querella que argumentaba que tres empresas del Grupo Aliservice aumentaron artificialmente sus Estados Financieros, lo que les habría permitido adjudicarse contratos por más de $500 mil millones (medio billón de pesos). Junto a la acción penal, se interpuso un recurso de invalidación ante la misma Junaeb, se solicitó al Ministerio Público oficiar al CDE por eventual fraude al Fisco, y llamar a declarar al Director de la Junaeb, Jaime Tohá, junto a toda la Comisión Evaluadora.
Los dos peritajes -encargados por la parte querellante- concluyeron que tres empresas del grupo Aliservice presentaron documentos adulterados para ganar la multimillonaria licitación. De fácil comprensión: se les acusó de copiar y pegar firmas en estados financieros auditados por la prestigiosa auditora internacional Deloitte, lo que les habría permitido adjudicarse el concurso público. Esto hubiese podido anular la adjudicación de más de 1.800.000 raciones de alimentos diarios a entregar entre 2021 y 2024 en parte de la región Metropolitana, Valparaíso, Ñuble y todo el Biobío.
Desde Aliservice, sostuvieron en agosto de 2021 que las acciones judiciales de su competidor “asociadas todas ellas a numerosas declaraciones a través de los medios de comunicación, no son otra cosa que una manera de esconder sus propias falencias y su fracaso en el proceso de licitación”.
